La cada vez más extendida costumbre de plantear el reclamo mediante cortes de ruta y las amenazas de profundizar el uso de esa metodología durante la inminente temporada estival, más los conflictos políticos que se están generando entre intendentes del propio oficialismo, decidieron en las últimas horas a funcionarios y legisladores bonaerenses a avanzar con una ley que encuadre los añejos y persistentes reclamos de autonomía que anidan en diversas localidades de la Provincia.
Concretamente, resolvieron que antes de fin de mes se apruebe en la Cámara de Diputados el proyecto de ley-marco, esto es, la norma que estipule el conjunto de requisitos que deberán reunir los pueblos que deseen transformarse en nuevos municipios.
Se trata de la iniciativa que fue aprobada hace más de un año en el Senado con el respaldo de legisladores de todos los sectores: kirchneristas, integrantes de La Juan Domingo, radicales y peronistas disidentes. Y ahora cobró bríos en el la Cámara baja, a partir de una disputa territorial que tiene como epicentro a Cariló.
CARILO Y OTROS CASOS
La coqueta villa balnearia no plantea exactamente convertirse en una comuna autónoma. Pero quiere dejar de pertenecer a Pinamar y anexarse a General Madariaga, y está generando un ruido político que alcanzó para reinstalar, según el oficialismo, la necesidad de "un marco legal" para movidas de ese tipo.
La movida liderada por la asociación de fomento de Cariló disparó, en efecto, un conflicto político que involucra a intendentes y concejales, en el que incluso debieron intervenir varios legisladores.
Pero no es el único: el intendente de Lobería rechaza una posible cesión de tierras para que Quequén se transforme en comuna. Y la misma tesitura exhiben los jefes comunales de Guaminí, Daireaux, General La Madrid y Coronel Suárez en relación al histórico reclamo de Huanguelén.
Pero esos planteos vienen rodeados de la efervescencia propia de años de aspiraciones postergadas y proyectos legislativos que finalmente no prosperaron y que en los últimos tiempos generaron protestas expresadas con cortes de la ruta 2 y otros accesos claves a la Costa, que amenazan con reiterarse durante la temporada estival.
El caso Lezama, la última localidad que consiguió su independencia al escindirse de Chascomús, ofició de disparador para muchos movimientos autonomistas.
Pero además, admiten en la Legislatura, la modalidad del reclamo que sellaron los lezamenses -movilizaciones y cortes de ruta que produjeron incluso enfrentamientos con la policía-, podría terminar imponiéndose a la luz de la forma en que esta pequeña comunidad logró coronar su objetivo.
La idea de aprobar la denominada ley-marco contaría con el aval del Ejecutivo. Legisladores consultados indicaron que tienen el visto bueno del gobierno de Daniel Scioli para avanzar con la aprobación del proyecto que dispara, al menos, un interrogante central: si la nueva normativa terminará facilitando o frenando el anhelo de los cerca de 50 movimientos autonomistas que existen en la Provincia.
COMO ENCUADRAR LA DISCUSION
Quienes están al tanto de esta movida legislativa sostienen que la idea oficial es "encuadrar la discusión". Y en ese sentido, descartan que se pretenda auspiciar la creación de nuevos distritos. "La ley es restrictiva; no todos podrán adecuarse", dicen en relación a a los alcances de la normativa que delega en la Legislatura amplias potestades.
Concretamente, plantea la creación de una comisión bicameral integrada por siete diputados y siete senadores que tendrá atribuciones para darle vía libre o archivar los proyectos independentistas.
Además, se establece un mecanismo para el trámite parlamentario que exige a los movimientos fundamentar el proyecto mediante, entre otros requisitos, un estudio de factibilidad socio-económico-financiera; un régimen de cancelación de deudas y créditos y un petitorio de la población.
Asimismo, la comisión bicameral tendrá facultades para pedirle informes y dictámenes al Ejecutivo; dar traslado a los intendentes de los partidos involucrados y a los concejos deliberantes y pedir asistencia a universidades y organismos de la Constitución. Incluso, hasta podrá requerir la convocatoria a una consulta popular a los electores de los municipios afectados por la división.
El proyecto delega, en tanto, en el Ejecutivo una exigencia clave: la cantidad de población mínima requerida que deberán tener los pueblos que reclamen su independencia. De tal forma, la reglamentación de la ley será otro elemento central que podría dejar fuera de carrera a numerosos movimientos autonomistas.
EL DIA
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